Casi ocho meses después de lanzado el D.S. 4546 que declaró de prioridad nacional el Censo de Población y Vivienda en Bolivia para llevarse a cabo el 16 de noviembre de 2022, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) tuvo que salir a confirmar su realización ante los reclamos que desde diferentes ámbitos empezaban a darse, dado el tiempo transcurrido y la poca información sobre los recaudos tomados al efecto.
El anuncio del Censo había causado gran satisfacción el pasado año provocando sendas expresiones de apoyo por parte de gobernaciones, municipios y organizaciones cívicas, empresariales, políticas, académicas, entre otras, habida cuenta que, como señala la Ley, corresponde hacerlo este 2022, luego de diez años de transcurrido el último Censo de 2012.
A estas alturas del partido, todos entienden ya la gran trascendencia que reviste para el país la realización del Censo, fuente básica de referencia para la toma de buenas decisiones en los sectores público y privado.
Tener una lectura mucho más cercana sobre la realidad boliviana desde el punto de vista demográfico, económico, social y cultural permitirá conocernos de mejor manera en cuanto a los avances y retrocesos que se hayan podido dar en diferentes esferas durante la última década transcurrida.
Contar con información actualizada sobre lo que somos, lo que hacemos y lo que precisamos los ciudadanos, permitirá, en lo económico, optimizar la asignación de recursos públicos entre los nueve departamentos, según su densidad poblacional; posibilitará afinar las políticas sociales y maximizar su impacto en beneficio de la población, sobre todo, de los más vulnerables; y, en lo político, hará justicia al redefinir la representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme a la nueva distribución de escaños que seguramente derivará de la masa poblacional actual.
Definitivamente, la expectativa por los resultados que pueda arrojar el Censo es muy grande, especialmente por la mayor cantidad de ingresos públicos que podrían percibir algunos departamentos ante una población incrementada, algo que en el caso boliviano está muy ligado a las expectativas económicas que provocan desplazamientos internos frente a los factores de expulsión y atracción, provocando ello profundos cambios de la gravitación regional en el país. El mejor ejemplo de ello es el departamento de Santa Cruz, hoy por hoy bastión económico nacional, que en poco tiempo ha permitido la realización económica y social de centenares de miles de compatriotas, al amparo del exitoso modelo productivo cruceño.
El cuadro “Población empadronada, por Censos de Población y Censos de Población y Vivienda, 1950-2012, según Departamento, periodo 1831-2012” (INE) da cuenta que, en 1831, cerca de 44.000 personas vivían en Santa Cruz significando el 4% de la población total que era de 1.088.768 habitantes. En 1950 subió al 9%, con casi 245.000 personas sobre una población global de 2.704.165 habitantes.
Posteriormente, el rápido desarrollo de la agricultura comercial y la agroindustria, y la virtuosa combinación de la sustitución de importaciones con la exportación de productos no tradicionales que se dio a partir de mediados de los 50 -con una fuerte migración interna- hizo que su población se disparara a cerca de 1,4 millones de habitantes subiendo su participación al 21% del total de 6.420.792 personas, según el Censo de 1992. Tan importante expansión poblacional, no se detuvo.
El Censo de 2001 confirmó que Santa Cruz rebasó los 2 millones de personas -un 24,5% de los 8,3 millones de Bolivia- mientras que el último Censo de 2012 dio cuenta que el país tenía 10.059.856 habitantes y Santa Cruz 2.657.762 ciudadanos, casi 26,5% del total.
Según proyecciones del INE, la región cruceña es, desde hace varios años, la más poblada del país con más de 3 millones de habitantes, previéndose que en 2025 supere a La Paz con más de 500.000 habitantes. Esto y más, lo confirmará el Censo del 16 de noviembre de 2022.
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